Listas de listos

RPNews

Una pizca de sal

Rafael Sanmartín

Mucho cuidado. Con tanto “listo” no se explica cómo este estado lleno de españoles, “muy españoles y mucho españoles”, no es una potencia mundial. A lo mejor, ya lo dijo el Kaiser Guillermo, por eso no han destruido el estado –todavía- pese a los reiterados intentos por conseguirlo. A lo mejor es que, en vez de listos, hay que ser inteligentes. Pero la inteligencia no sobra. Lo que sobran son los “listos”. En el país de la mediocridad más mediocre, quien se unta pegamento en las manos para que se le queden adheridos los billetes, es “el/la listo/a”. Esto, y mucho más, terminará el día que la ciudadanía tome en sus manos las riendas. No hace falta guerra, no hace falta sangre, más que la que derrame el miedo de los corruptos. Hace falta imponer el derecho de la mayoría. Y eso, por lo que estamos viendo, no se consigue en las urnas. Así que mucho cuidado con quienes mandan. Mucho cuidado con su entidad bancaria (ya quisiera que fuera suya ¿verdad?). La que le cobra por tener domiciliada la nómina, el recibo de la comunidad y el de la luz. No es bueno mosquear a los demás; y cualquier día, si el usuario-cliente se mosquea y tiene una discusión con personal del banco, podría verse en un aprieto. No se afirma aquí que lo hayan hecho ni que lo estén haciendo, que para afirmar algo hay que tener pruebas.

Pues con la legislación vigente, cualquier empleado con acceso a listas de morosos está facultado para incluir a cualquiera, tenga o no alguna deuda. Es que la “lista” no es tan lista ¿o sí? porque no requiere prueba alguna por parte de quien puede incluir nombres en ella. Basta con teclear nombre y cantidad, y nadie comprueba nada. Por ejemplo: las telefónicas no necesitan demostrar que atendieron la reclamación; mucho menos que su facturación es correcta. Lo que el empleado ha tecleado en su ordenador, queda registrado para todas las entidades financieras. Pero sólo para ellas. El interesado, el sujeto, tiene vedada la información y sólo podrá sospechar algo, el día que “su” banco le niegue un crédito, una tarjeta, ó un anticipo. O algún operador le niegue la línea telefónica. Porque, en la mayoría de los casos, ni siquiera se avisa al supuesto deudor, pese a ser obligatorio.

Las listas mal llamadas “de morosos”, no están pensadas para “proteger el crédito”, como dicen sus beneficiarios, sino para castigar a quien alguna vez tuvo un tropiezo, una mala racha, ó se quedó en paro, actividad muy lucrativa para quienes alimentan esas listas. Ó sufre un desacuerdo con el operador telefónico. Los intereses, unos intereses que llegan a cuadruplicar el importe de una deuda mediana o pequeña, y las continuas subidas de electricidad, asfixian a la gente. Los errores mantenidos por unas compañías que reinciden y se encierran en su error, hasta que una sentencia les obliga a salir de él, mantienen a más de una persona en esas “listas negras”. Pero no todo el mundo tiene la capacidad económica e intelectual suficiente para enfrentarse a ellos en juzgados. Algo que ellos conocen tanto como saben que una reclamación entre mil, no merma sus beneficios irregulares.

Pero la responsabilidad, cosa lógica, reside en la Administración –el mayor moroso, que no entra en esas listas, dicho sea de paso- que autoriza esa supuesta “defensa del crédito”, en vez de imponer unas normas serias, que obliguen al reclamante a probar fehacientemente la presunta deuda, e impedir que el nombre del supuesto deudor entre en ellas mientras tenga planteada a la compañía una reclamación no resuelta. Hay otra solución: prohibirlas, pues atentan al honor de las personas y a su seguridad jurídica y son especialmente proclives a la arbitrariedad. Pero al gobierno no le preocupa. Le preocupa más que, a cambio de más de sesenta mil millones de euros tirados en concentraciones bancarias para beneficiar a los tres grandes y otras prerrogativas, la banca acceda a su autoconcedida licencia para meter la mano en las cuentas y dejar al individuo sin dinero para pagar la hipoteca, la luz o el pan. Hasta que el Supremo ha suprimido la plusvalía en venta a pérdidas… y los damnificados lo sepan y se atrevan a reclamar. Se sabía; era obvio. Pero ha hecho falta la intervención de la Justicia, para que Gobierno, Hacienda, diputaciones y ayuntamientos se “enteren” que no se puede cobrar plusvalía dónde no hay plusvalía.

Pues lo mismo en todo. Ellos “no necesitan” probar su condición de acreedores. A la banca, ni tocarla. A ver ¿quién manda aquí?

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