Ensayo general

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Una pizca de sal

Rafael Sanmartín

El PP castiga a empresas andaluzas por la “rebeldía” de no trasladarse a Madrid, y presiona a las catalanas, para culpar al independentismo y, de camino, fortalecer el entramado económica de la “capi”. Rajoy está ensayando y suple su falta de capacidad interpretativa con cinismo, seguramente aprendido de sus asesores e inmediata subordinada. Mide los apoyos populares, no obtenidos en las urnas (un 30% de votos, significa que el 70% no lo quiere) en banderas; resultado claramente negativo, pese a cierta profusión en un par de ciudades. Más importante –para él- es el apoyo inestimable de sus jueces. Y es que, mientras sean elegidos por los partidos, no podrá haber independencia judicial y podrá darse la paradoja de que los muchos años que necesita el Constitucional para pronunciarse sobre cualquier cosa, se queden en minutos, plácet incluido, si quien lo plantea es el Gobierno. O que se pueda condenar a dos personas por convocar una manifestación, pese a que las manifestaciones son plenamente legales, pues el derecho está incluido en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que –no se olvide- se acoge la “Carta Magna”. No falta a la Ley quien la convoca, pero sí quien encarcela a los convocantes. Porque lo demás no son cargos, no pueden serlo, en tanto suposiciones, elucubraciones ó el ridículo miedo, sin miedo al ridículo, a que “puedan salir del país”. Suposiciones gratuitas y peligrosas, porque condenar por “perseguir la independencia” –que aún no se ha declarado-, es condenar por las ideas. Luego, no son políticos presos, porque ni siquiera son políticos, pero sí son, y claramente, presos políticos.

Europa no puede disimular con el fútil pretexto del “problema interno”. Internos son todos los problemas que afectan a cualquiera de los veintisiete países. Pero la UE tiene unas normas, unas leyes, que sus autoridades son los primeros obligados a cumplir y hacer cumplir. Por mucho miedo que les de la posible explosión independentista, pues, de lo contrario están socavando los principios de la propia Unión. La están dividiendo y enfrentando. Están creando un precedente que la aleja peligrosamente de sus objetivos confesados. La UE no puede permitir la represión en ningún país, y menos aún que el Presidente afirme que, cuando la policía maltrataba a la gente “cumplía con su deber”. Ni puede permitir la existencia de presos políticos, sin riesgo de desacreditarse definitivamente y quebrar su propia existencia. Bastante cinismo se ha desplegado anteriormente, defendiendo a un golpista sudamericano, para que ahora se trate de comunes, a dos personas encarceladas por manifestar sus preferencias sociales.

La UE no puede permitir un gobierno totalitario, pese a la pasividad mostrada con Hungría. No puede, no tiene derecho a impedir la entrada de Turquía, por la dictadura represiva impuesta por Erdogán, y hacerse los sordos ante la que está imponiendo Rajoy, con la inestimable ayuda de su marca blanca y el partido mal llamado “socialista”. En toda Europa, en todo el mundo se están viendo las multitudinarias manifestaciones pacíficas, el intento de acercarse a ejercer el derecho al voto, cortado a palos por las fuerzas represivas, que no del orden. Y, como colofón –de momento- la suspensión de una Autonomía, por encima de las atribuciones otorgadas por el propio artículo 155, que en ningún párrafo autoriza la destitución de quienes han sido elegidos democráticamente.

Si la UE y las comunidades autónomas españolas lo permiten, saldrán gravemente perjudicados en su imagen y en su integridad. El ensayo de Rajoy, muy estudiado, consiste en ignorar las leyes comunitarias y las españolas, e imponer el gobierno totalitario que siempre ha perseguido el partido, y que está muy bien visto por quienes indebidamente se llaman “socialistas”. En la medida en que el Presidente del Gobierno, crea que puede suplir su falta de apoyo popular (recuérdese: sólo tiene un 30% de votos), con el de la pasividad general, generada por la aversión creada contra la independencia catalana, si continúa la escalada de gobernar por encima de la legislación, si hay jueces capaces de legislar y condenar para satisfacer al Gobierno, sin ajustarse al pie de la letra y del espíritu de la Ley, se le habrá dado un arma impresionante. Se estará legitimando que haga ley de su propia voluntad. De ahí a la dictadura no hay ni un paso. Rajoy no puede dar un golpe de Estado apoyado por el Ejército, como hizo Fujimori, porque ese descaro obligaría a intervenir a la UE y puede que hasta a la OTAN. Por eso da pasos, aprieta continuamente, esperando ver hasta dónde puede llegar sin que salte el sistema.

En Cataluña ya ha saltado. Además de hacer más independentistas que los partidos independentistas, está recibiendo rechazo a su política, incluso de muchos que no querían la independencia. Su lenguaje y el de su equipo, cargado de palabras vacías y contrarias a su acción, no puede convencer a nadie. Y no convence, sólo vence –momentáneamente-, gracias a los dos partidos que esperan repartirse algo y la parte de la judicatura elegida por el suyo. Pero, es necesario repetirlo, esas normas antidemocráticas, esas medidas conducentes a un gobierno dictatorial, no están pensadas para ni se van a aplicar sola y únicamente a Cataluña. Una vez en sus manos, les servirán para cualquier causa. Si el pueblo, si los pueblos españoles no reaccionan y les legitiman con su apoyo o con su silencio, no van a impedir la independencia de Cataluña, que terminará por independizarse más pronto que tarde. Esas normas impuestas por un Gobierno deslegitimado por su acción, pero quizá tolerado por la inacción restante, se pondrán de nuevo en funcionamiento cada vez que el propio Gobierno lo considere oportuno. Y no hará falta que se trate de un nuevo intento independentista. Irá contra los jornaleros andaluces, contra los trabajadores, contra la intelectualidad no sumisa, por la simple reclamación de derechos, que actualmente están conculcados por ese Gobierno que se permite hablar de democracia, como son el del trabajo, el de poder vivir, el de recibir educación y sanidad dignas, o el de habitar una vivienda.

Han sido hábiles. Ya no les basta la “ley mordaza”, tan grande es su necesidad de acallar toda crítica o petición de responsabilidad, ante la magnitud de su corrupción (por algo le apoya el partido de Sánchez y Díaz): la independencia catalana les está enseñando a reprimir cualquier manifestación, tan justa como reclamar el derecho a tener un trabajo y percibir un salario digno. La respuesta la tiene el pueblo. La mayoría, que no debería seguir silenciosa.

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